Mayo 20, 2026 |
El congresista Wilson Soto Palacios presentó el Proyecto de Ley N.° 14645, una iniciativa que busca establecer restricciones para la contratación de ciudadanos extranjeros en determinados cargos del Estado vinculados a la seguridad nacional y al acceso a información estratégica.
La propuesta legislativa sostiene que actualmente no existe una regulación integral que delimite de manera expresa los supuestos y condiciones para la contratación de personal extranjero en entidades públicas, especialmente en puestos considerados sensibles para la seguridad del país.
Según el documento, la iniciativa no plantea una prohibición general para que extranjeros trabajen en el Estado, sino restricciones específicas para cargos relacionados con funciones estratégicas, manejo de información clasificada o áreas consideradas críticas para el interés nacional.
El proyecto argumenta que la Constitución permite establecer requisitos diferenciados para el acceso a determinados cargos públicos cuando existan razones vinculadas a la soberanía del Estado o a la protección de información sensible. Además, cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional y criterios de SERVIR para sustentar la propuesta.
En la exposición de motivos también se menciona que el Derecho Internacional reconoce que los Estados pueden reservar ciertos puestos públicos exclusivamente para nacionales cuando estén relacionados con la seguridad nacional y la protección de intereses estratégicos.
El proyecto señala que la implementación de la norma requeriría adecuaciones en los sistemas de recursos humanos y mecanismos de evaluación de seguridad dentro de la administración pública. Asimismo, plantea que el Poder Ejecutivo deberá elaborar reglamentos y criterios técnicos para identificar qué cargos serían considerados estratégicos o sensibles.
Entre los beneficios expuestos por la iniciativa figuran la prevención de riesgos de espionaje, el fortalecimiento de la seguridad de la información estatal y la protección de datos sensibles de los ciudadanos.
No obstante, el proyecto podría generar debate en torno a los límites entre seguridad nacional y posibles restricciones al acceso al empleo público para ciudadanos extranjeros, especialmente respecto a los criterios que definirían qué cargos serían considerados estratégicos dentro del Estado.
