El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley con el que el Gobierno solicitará al Congreso autorización para legislar en materias consideradas prioritarias. La propuesta busca dar al Ejecutivo un margen temporal para emitir decretos legislativos orientados, entre otros objetivos, a enfrentar la criminalidad, promover el crecimiento económico y fortalecer la gestión pública.
Agosto 28,2026 |
El Gobierno dio un paso decisivo para poner en marcha parte de su agenda de reformas. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley mediante el cual solicitará al Congreso la delegación de facultades legislativas, iniciativa que ahora deberá ingresar al Parlamento para su evaluación.
La propuesta permitirá que el Poder Ejecutivo pueda emitir decretos legislativos únicamente sobre las materias que finalmente sean autorizadas por el Congreso y durante el plazo que establezca la ley de delegación. Este mecanismo se encuentra contemplado en el artículo 104 de la Constitución.
El pedido se articula alrededor de prioridades que el Gobierno ya había adelantado durante la presentación de su política general. Una de las principales está relacionada con la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad, considerada por el Ejecutivo como uno de los problemas que requieren una respuesta inmediata del Estado.
Otro bloque está orientado al crecimiento económico responsable, con medidas destinadas a facilitar la actividad empresarial, impulsar la inversión, mejorar la productividad y generar condiciones para incrementar el empleo formal.
Dentro de esa estrategia también aparece la intención de introducir cambios en materia tributaria para las empresas de menor tamaño. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, había señalado ante el Congreso que el Gobierno busca simplificar y optimizar los regímenes aplicables a estos negocios, reduciendo la dispersión normativa que puede desincentivar su crecimiento.
La delegación contempla además acciones relacionadas con el fortalecimiento institucional y la modernización del Estado, con el objetivo de agilizar procedimientos, mejorar la capacidad de respuesta de las entidades públicas y reducir obstáculos administrativos.
El planteamiento del Ejecutivo no significa que las facultades entren automáticamente en vigencia. El proyecto deberá pasar ahora por el procedimiento legislativo correspondiente y serán los parlamentarios quienes determinen qué materias autorizan, cuáles modifican o excluyen y durante cuánto tiempo podrá legislar el Gobierno.
La Constitución establece además límites para este mecanismo. El Ejecutivo no puede recibir facultades sobre materias que la propia Carta Magna considera indelegables y cada decreto legislativo que sea aprobado deberá mantenerse dentro de los alcances concedidos por el Parlamento.
Una vez obtenida eventualmente la autorización, los decretos legislativos deberán ser aprobados por el Consejo de Ministros, promulgados por la presidenta de la República y posteriormente puestos en conocimiento del Congreso para el respectivo control parlamentario.
El proyecto abre así una nueva etapa en la relación entre Palacio de Gobierno y el Congreso bicameral, debido a que el alcance definitivo de las reformas dependerá de la decisión que adopten senadores y diputados durante la evaluación de la solicitud.
Para el Gobierno, conseguir estas facultades será una de las primeras pruebas políticas de su gestión. La discusión parlamentaria permitirá conocer hasta dónde existe respaldo para que el Ejecutivo avance con mayor rapidez en sus propuestas sobre seguridad, crecimiento económico y funcionamiento del aparato estatal.
