El titular del Ministerio de Justicia sostuvo que la delegación de facultades permitiría reorganizar los establecimientos penitenciarios y centros juveniles, además de separar a internos según la gravedad de los delitos y su condición de edad.
22 de septiembre de 2026 |
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, destacó la importancia de que el Congreso apruebe la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo, al considerar que estas permitirían agilizar la reorganización de los establecimientos penitenciarios y de los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación.
Durante una supervisión realizada en el establecimiento penitenciario Ancón II, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) informó que identificó aproximadamente 500 personas recluidas por el delito de omisión a la asistencia familiar.
Álvarez señaló que estos internos requieren un tratamiento diferenciado y planteó que, de acuerdo con las medidas incluidas en el pedido de facultades, podrían ser trasladados a hangares acondicionados para este propósito.
“En esas 500 ubicaciones que quedarían libres se podrían reubicar a otros internos de mayor peligrosidad que en este momento están en penales que no revisten las garantías y la seguridad adecuadas”, explicó el ministro.
Según Álvarez, la delegación de facultades permitiría acelerar estos traslados y el proceso de reordenamiento penitenciario, reduciendo las posibilidades de que las medidas sean paralizadas mediante recursos legales interpuestos por los internos.
El ministro sostuvo que la reorganización busca utilizar de manera diferenciada la infraestructura penitenciaria, considerando las características y el nivel de peligrosidad de las personas privadas de libertad.
Medidas para centros juveniles
Durante su visita, Álvarez Miranda también supervisó el Anexo III del penal Ancón II, donde se encuentran jóvenes infractores considerados de alto riesgo.
El ministro explicó que, dentro de las medidas contempladas en el pedido de facultades legislativas, se plantea que los jóvenes de entre 16 y 18 años que cometan delitos violentos puedan ser trasladados a centros especializados administrados por el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ).
De acuerdo con lo señalado por el titular del MINJUSDH, estos establecimientos deberán garantizar procesos orientados a la rehabilitación de los jóvenes, incluyendo actividades de trabajo productivo.
Asimismo, indicó que los jóvenes que ya hayan alcanzado la mayoría de edad y permanezcan actualmente en centros juveniles serían trasladados a otros establecimientos adecuados y separados de los menores de edad.
Según información proporcionada por PRONACEJ, más del 51 % de los jóvenes que permanecen en los nueve centros juveniles y en el Anexo III de Ancón II son mayores de edad.
Pedido de facultades se encuentra en evaluación
Las declaraciones del ministro se producen mientras el Congreso analiza el pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.
La solicitud contempla 66 materias y plantea otorgar al Gobierno facultades para legislar durante 120 días calendario. Entre los asuntos incluidos figuran medidas relacionadas con seguridad ciudadana, sistema penitenciario, gestión del riesgo de desastres, simplificación administrativa y otras áreas de gestión pública.
El pedido viene siendo evaluado por las comisiones de la Cámara de Diputados. En paralelo, la Comisión de Constitución realizó una audiencia pública para recoger opiniones sobre los alcances de la propuesta y las materias que podrían ser objeto de delegación.
El Ejecutivo ha señalado que las facultades permitirían acelerar algunas reformas consideradas prioritarias, mientras que corresponde al Congreso determinar los alcances y condiciones de cualquier eventual delegación.
En ese contexto, el Ministerio de Justicia sostiene que una eventual aprobación permitiría avanzar con el reordenamiento de los establecimientos penitenciarios y centros juveniles, con énfasis en la separación de internos y jóvenes infractores según su edad, situación jurídica y características del delito.
