El Ministerio de Energía y Minas presentaría el proyecto de ley el 15 de octubre. La propuesta contempla un régimen excepcional para quienes ya están en proceso de formalización, además de nuevas reglas para los futuros operadores.
9 de octubre de 2026 |
El Gobierno peruano prepara una nueva propuesta normativa para facilitar la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. La iniciativa, denominada Ley MAPE, otorgaría un plazo adicional de dos años a aproximadamente 30,000 mineros que aún tienen requisitos pendientes para regularizar sus actividades.
El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, informó que el proyecto sería presentado el próximo 15 de octubre. La propuesta busca establecer reglas específicas para este segmento de la actividad minera y reemplazar el esquema actual por un marco que diferencie a quienes ya están en proceso de formalización de aquellos que recién desean iniciar operaciones.
Dos regímenes para formalizar la actividad minera
La iniciativa contempla dos modalidades. La primera sería un régimen de consolidación, temporal y excepcional, dirigido a los mineros que mantengan su inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) al cierre de 2026.
Según lo planteado por el Minem, estos operadores podrían continuar sus trámites entre el 1 de enero de 2027 y el 31 de diciembre de 2028, con el objetivo de cumplir las condiciones necesarias para incorporarse al régimen ordinario.
La segunda modalidad sería permanente y estaría destinada a los nuevos operadores. Para desarrollar sus actividades, estos tendrían que cumplir los requisitos sectoriales y ambientales correspondientes, así como obtener las autorizaciones necesarias para iniciar o reiniciar operaciones.
El planteamiento no contempla nuevos ingresos al régimen excepcional, por lo que el beneficio estaría limitado a quienes cumplan las condiciones establecidas para continuar su formalización.
Crearán un organismo especializado
Otro de los principales cambios sería la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (Formape), entidad adscrita al Minem que asumiría la conducción de los procedimientos de formalización.
Entre sus funciones estarían la evaluación de instrumentos de gestión ambiental, la emisión de autorizaciones de inicio o reinicio de actividades y la acreditación de pequeños productores mineros y productores mineros artesanales. También tendría a su cargo los sistemas de información y trazabilidad.
Mientras esta institución entra en funcionamiento, las responsabilidades continuarían bajo la Dirección de Formalización Minera del ministerio.
Acceso a la banca y control ambiental
La propuesta incluye medidas para facilitar el acceso de los pequeños mineros al sistema financiero. Entre ellas figura la autorización al Banco de la Nación para ofrecer cuentas corrientes y de ahorro a quienes desarrollen actividades dentro de este segmento.
Asimismo, se plantea establecer incentivos para que los titulares de concesiones mineras suscriban contratos de explotación con operadores de pequeña minería y minería artesanal. Estos acuerdos tendrían una duración mínima de tres años y permitirían establecer condiciones específicas para el aprovechamiento de determinadas áreas.
En materia ambiental, el proyecto propone adecuar los requisitos a las características y los riesgos de cada operación, sin eliminar la obligación de contar con las certificaciones correspondientes. También contempla mecanismos para seguir el recorrido de los minerales desde su extracción hasta su comercialización, con el propósito de fortalecer la trazabilidad y la supervisión.
El reto de avanzar hacia la formalidad
La iniciativa surge en medio de las dificultades para completar el proceso de formalización minera dentro del plazo vigente. El Ejecutivo busca establecer procedimientos más adecuados para las operaciones de menor escala, sin mantener una ampliación generalizada del Reinfo.
De aprobarse, la nueva ley establecería un periodo transitorio para los mineros que cumplan las condiciones de acceso, mientras que los nuevos operadores deberán acogerse a las reglas permanentes.
El proyecto aún debe ser presentado y debatido, por lo que sus disposiciones podrían modificarse durante el proceso legislativo. Su alcance definitivo dependerá del texto que finalmente se apruebe y de las normas reglamentarias que permitan su aplicación.
