La propuesta busca establecer reglas permanentes para la minería artesanal y de pequeña escala, además de crear un periodo excepcional para que operadores provenientes del Reinfo completen sus trámites. Especialistas advierten posibles controversias por los plazos y las competencias de los gobiernos regionales.
19 de octubre de 2026 |
El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso el proyecto de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), iniciativa que busca establecer un marco legal para regular, supervisar y fiscalizar esta actividad, así como promover su incorporación a la economía formal.
La propuesta, impulsada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), plantea dos modalidades: un régimen ordinario de carácter permanente y otro de consolidación, destinado a los operadores que todavía tienen requisitos pendientes para completar su formalización.
El proyecto establece que el proceso de formalización minera integral vigente concluirá el 31 de diciembre de 2026. A partir del 1 de enero de 2027, quienes cumplan las condiciones previstas podrían acceder al régimen de consolidación, cuya vigencia se extendería hasta el 30 de junio de 2028.
Dos regímenes para ordenar la actividad minera
El régimen ordinario estará dirigido a las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de pequeña minería y minería artesanal de manera formal, así como a quienes busquen incorporarse al sector cumpliendo las autorizaciones correspondientes.
En cambio, el régimen de consolidación tendrá carácter temporal y excepcional. Su finalidad será permitir que los operadores provenientes del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que sean incorporados conforme a la nueva norma, completen los requisitos necesarios para pasar al régimen ordinario.
La iniciativa también contempla la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Formape), entidad adscrita al Minem que administraría los sistemas de información y trazabilidad del mineral.
Este mecanismo permitiría registrar las distintas etapas de la cadena productiva, desde la extracción y el transporte hasta el procesamiento y la comercialización, con el propósito de mejorar el seguimiento del origen de los minerales.
Proponen reforzar la fiscalización ambiental
El proyecto establece que las actividades mineras deberán cumplir las obligaciones ambientales y de seguridad correspondientes. Además, plantea procedimientos de evaluación ambiental adaptados a las características y dimensiones de las operaciones de pequeña minería y minería artesanal.
Otro aspecto incluido es la reducción progresiva del uso de mercurio en la extracción y el procesamiento de oro, con miras a su eliminación definitiva. Las condiciones y los plazos para aplicar esta medida serían definidos en el reglamento de la ley.
La propuesta también incorpora mecanismos para facilitar la formalización económica de los operadores, entre ellos el acceso a servicios financieros del Banco de la Nación y herramientas que permitan transparentar los movimientos comerciales vinculados con la actividad minera.
Especialistas advierten posibles controversias
La iniciativa ha generado observaciones entre especialistas del sector. Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, expresó su respaldo a algunos componentes relacionados con la trazabilidad financiera, pero cuestionó el tratamiento propuesto para los contratos de explotación y cesión minera, así como el plazo previsto para reducir el uso de mercurio.
Por su parte, Miguel Soto, socio del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, consideró que el régimen de consolidación podría funcionar como una extensión indirecta del Reinfo, debido a que permitiría continuar determinados procesos de formalización hasta 2028.
El especialista también advirtió sobre posibles conflictos relacionados con las competencias de los gobiernos regionales, que históricamente han tenido responsabilidades en la formalización y supervisión de la pequeña minería y la minería artesanal.
La iniciativa deberá ser evaluada y debatida por el Congreso antes de convertirse en ley. Su aprobación definirá las condiciones bajo las cuales se desarrollará la formalización minera y el nuevo marco de supervisión de esta actividad en el país.
