La bancada de Renovación Popular presentó una denuncia constitucional contra Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por presunta usurpación de funciones y abuso de autoridad. También solicita su destitución e inhabilitación por diez años.

Noviembre 18,2026 |

La bancada parlamentaria de Renovación Popular presentó una denuncia constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, por presuntos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad.

El documento fue ingresado ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados e incluye una solicitud de autorización para su procesamiento judicial, destitución e inhabilitación para ejercer funciones públicas durante diez años.

Cuestionan decisión del JNE sobre sucesión de alcaldes

La denuncia se origina en una resolución del organismo electoral que impide otorgar credenciales de alcalde a candidatos elegidos como primeros regidores que anteriormente ocuparon la alcaldía durante la gestión municipal inmediata anterior.

La diputada Roxana Rocha sostuvo que esta interpretación debe ser revisada, al considerar que podría exceder las atribuciones constitucionales y legales del organismo electoral.

Según la parlamentaria, las reglas electorales no deberían modificarse después de celebradas las elecciones, por lo que solicitó respetar la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

Cinco parlamentarios respaldan la denuncia

El documento cuenta con las firmas digitales de los congresistas Diego Bazán, Carlos Yalta, Gustavo Segura, Norma Yarrow y Roxana Rocha, integrantes de Renovación Popular.

La bancada sostiene que la resolución del JNE debe ser investigada para determinar si existió alguna infracción constitucional o extralimitación de funciones.

Denuncia deberá ser evaluada por el Congreso

La presentación de la denuncia no constituye una declaración de responsabilidad contra el presidente del JNE, sino el inicio de un procedimiento que deberá ser evaluado por las instancias parlamentarias correspondientes.

La Comisión de Acusaciones Constitucionales tendrá que analizar los fundamentos presentados y determinar si corresponde continuar con el trámite.

El caso abre un nuevo debate sobre las atribuciones del organismo electoral y la interpretación de las normas que regulan la sucesión de autoridades municipales en el Perú.

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