La norma busca ordenar la respuesta del Estado frente a amenazas internas y externas, pero llega en un momento marcado por inseguridad, crimen organizado y una ciudadanía que exige resultados, no más documentos.

Mayo 23, 2026 |

El Gobierno aprobó el Plan Estratégico Multisectorial que implementa la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030, una herramienta que busca ordenar la actuación del Estado frente a los riesgos que comprometen la seguridad nacional, la institucionalidad y la estabilidad del país.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N° 079-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Según la información oficial, el plan será de aplicación obligatoria para los componentes del Sistema de Defensa Nacional, entre ellos el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia, los ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y gobiernos locales.

En términos formales, el objetivo es garantizar la defensa de los intereses nacionales vinculados a la paz y la seguridad internacional, asegurar el normal funcionamiento de la institucionalidad política, jurídica y social del país, y alcanzar condiciones que contribuyan a la seguridad nacional.

Pero la aprobación de este plan no ocurre en cualquier momento. Llega en plena segunda vuelta electoral, cuando la inseguridad ciudadana, el avance del crimen organizado, el narcotráfico, la violencia en las calles y la debilidad institucional se han convertido en temas centrales de preocupación pública.

La seguridad ya no aparece solo como un asunto policial. Hoy es un problema de Estado. Y justamente por eso el enfoque multisectorial cobra importancia: no basta con más patrulleros, operativos o declaraciones de emergencia. Se necesita inteligencia, control territorial, justicia eficaz, coordinación entre niveles de gobierno, protección de infraestructura crítica y capacidad real de anticiparse a las amenazas.

La lectura política también es inevitable. En medio de una campaña marcada por el miedo ciudadano y por promesas de mano dura, el Ejecutivo intenta mostrar capacidad de conducción y dejar instalado un instrumento de planificación hasta el 2030. Sin embargo, la pregunta de fondo es si estamos ante una política seria de Estado o ante una reacción tardía frente a una crisis que hace tiempo desbordó la capacidad de respuesta de las autoridades.

El problema del Perú no suele ser la falta de planes. El problema es la ejecución. Por eso, el verdadero peso de esta medida no estará en el decreto supremo ni en los objetivos que declara, sino en su capacidad para traducirse en acciones concretas: responsables claros, presupuesto suficiente, indicadores medibles, seguimiento público y coordinación efectiva entre las entidades involucradas.

También será clave observar cómo se articula este plan con los gobiernos regionales y locales. Muchas amenazas a la seguridad no se resuelven desde Lima ni solo desde los ministerios. El crimen organizado, la minería ilegal, la extorsión, el narcotráfico, la trata de personas y los conflictos sociales tienen expresiones territoriales concretas. Si el Estado no llega al territorio, cualquier estrategia nacional corre el riesgo de quedarse en el papel.

La norma dispone que la ejecución, seguimiento y evaluación del plan estará a cargo de las entidades comprendidas dentro del Sistema de Defensa Nacional, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Esto significa que no se trata únicamente de un documento sectorial, sino de una hoja de ruta que compromete a varias instituciones del Estado.

La aprobación del plan también deja una señal para el próximo gobierno. Sea quien sea quien asuma el poder, recibirá un instrumento ya aprobado para orientar la política de seguridad y defensa hasta el 2030. La duda es si lo continuará, lo modificará o lo dejará como una formalidad más dentro del aparato estatal.

El decreto fue suscrito por el presidente José María Balcázar, el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, y los ministros de Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, y Relaciones Exteriores.

El mensaje de fondo es claro: el Gobierno busca elevar la seguridad y defensa nacional a una agenda de Estado. Pero la ciudadanía no medirá este plan por su lenguaje técnico, sino por sus resultados. En un país golpeado por la inseguridad, la verdadera prueba será saber si esta política puede producir más protección, más orden y más presencia estatal, o si terminará siendo otro documento bien redactado frente a una crisis que exige acción inmediata.