El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que se emitirán nuevas normas para fortalecer la autoridad de directores y docentes frente a casos de violencia escolar, tras la situación registrada en el Liceo Naval.

29 de septiembre de 2026 |

El ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, anunció que el Gobierno evalúa modificar las normas de convivencia escolar para permitir que las instituciones educativas puedan aplicar sanciones más severas, incluida la separación o expulsión de estudiantes que cometan faltas graves.

Durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, Chang señaló que próximamente se emitirán disposiciones para fortalecer la capacidad de directores y docentes de intervenir ante situaciones de violencia escolar.

El anuncio se produce luego de la crisis generada por las denuncias de violencia registradas en el Liceo Naval Almirante Guise, institución que actualmente se encuentra bajo reorganización y administración del Ministerio de Educación.

“Necesitamos que el director y los docentes recuperen la autoridad y tengan la facultad de imponer sanciones escalonadas de acuerdo con la gravedad de las faltas disciplinarias, sin faltar a los derechos del escolar”, explicó el ministro.

Chang sostuvo que la medida busca evitar que un estudiante que haya cometido una agresión grave permanezca en el mismo espacio educativo que la persona afectada mientras se determina la sanción correspondiente.

“No podemos tener a un agresor al costado del agredido”, afirmó.

Evaluarán cada caso

El titular del Minedu precisó que la eventual separación del estudiante no significaría que pierda su derecho a continuar con sus estudios.

Según explicó, los alumnos separados de una institución educativa podrían continuar su formación mediante un Centro de Educación Básica Alternativa o a través de modalidades remotas, dependiendo de cada caso.

La propuesta contempla además establecer mecanismos para que las familias puedan solicitar la revisión de las decisiones adoptadas por las autoridades escolares.

Chang ya había señalado que se trabaja en una instancia denominada Oficina de Protección de la Comunidad Educativa, que tendría como objetivo atender de manera más rápida las denuncias y realizar seguimiento a los casos de violencia escolar.

La propuesta busca que las autoridades no se limiten a registrar una denuncia, sino que puedan intervenir cuando se detecte una concentración de casos de violencia en una institución educativa.

Caso Liceo Naval impulsa revisión de las normas

La situación del Liceo Naval Almirante Guise ha puesto nuevamente en debate las reglas que regulan las sanciones frente a la violencia entre escolares.

El ministro informó anteriormente que en los últimos dos años se habían registrado 80 denuncias de violencia relacionadas con la institución: 50 correspondientes a situaciones entre escolares y otras 30 vinculadas con personal de la institución y estudiantes.

Entre las denuncias mencionadas se encuentran casos de violencia física y psicológica, discriminación, agresiones verbales, hostigamiento sexual y tocamientos o actos de connotación sexual. El ministro también hizo referencia a una denuncia por violación sexual que se encuentra bajo investigación.

A raíz de esta situación, el Ejecutivo dispuso la reorganización del Liceo Naval y el traslado de su administración al Ministerio de Educación hasta diciembre de 2027.

También regularán el uso de celulares

Durante su exposición ante el Congreso, Chang anunció que el Minedu también trabajará en la regulación del uso de teléfonos celulares en las instituciones educativas.

El ministro recordó que existe una ley aprobada en 2025 que establece restricciones para el uso de dispositivos móviles en los colegios, pero indicó que todavía se encuentra pendiente su reglamentación.

La nueva regulación será abordada junto con las medidas relacionadas con la disciplina y la convivencia escolar.

El Minedu anunció además que convocará al Colegio de Psicólogos del Perú, especialistas y representantes de la comunidad educativa para participar en la elaboración de las nuevas normas destinadas a fortalecer la prevención y atención de los casos de violencia escolar.

Chang señaló que el objetivo de estas medidas no es únicamente sancionar, sino fortalecer la autoridad dentro de los colegios, proteger a los estudiantes y garantizar que las instituciones educativas sean espacios seguros para el aprendizaje y la convivencia.

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