La sociedad cambia, las políticas y las instituciones también
Por: Rómulo Omar Gutiérrez Gómez
La persona en sociedad tiene necesidades e intereses, y se adapta en función de ellos; las sociedades viven en constante cambio y las instituciones del Estado están obligadas a reformarse y/o refundarse para establecer una armoniosa y equilibrada relación entre «ciudadano, sociedad y Estado».
Nuestra sociedad enfrenta, desde hace más de 30 años, una permanente inestabilidad política, económica y social, que se agudizó en los últimos 6 años y que hoy resulta incontrolable. Este desequilibrio aterroriza al ciudadano y lo lleva a un estado mental menos reflexivo, donde la autoridad, frente a las necesidades de cambio y para no perder legitimidad, se sostiene en el populismo.
Esta inestabilidad y desequilibrio obliga a las instituciones del Estado (para su subsistencia) a seguir sosteniendo y ejecutando políticas, planes y programas de gobierno formulados en el milenio pasado y que, por consiguiente, no están acordes a las necesidades del tiempo y en consonancia con las exigencias del mundo cambiante.
Pretender que el Estado siga sosteniendo instituciones e implementando políticas públicas de Estado y de gobierno que han fracasado, resulta un atentado contra la sociedad y el Estado, más aún cuando las necesidades son muchas y los recursos son escasos.
Este desconcierto conlleva a empeorar la relación individuo-sociedad, donde más individuos rompen la tranquilidad y la paz social, atentando contra la moral y la ley que impone la sociedad.
El crimen asecha, la inseguridad se acrecienta, los políticos y representantes hablan para las cámaras, los medios de comunicación exigen sanciones drásticas y exclaman ¡PENA DE MUERTE! ¡CADENA PERPETUA! ¡QUE SE PUDRAN EN LA CÁRCEL!; los operadores del sistema de justicia aplauden, las fiscalías y jueces aumentan su carga procesal, las cárceles se siguen hacinando (más de 90 mil internos, 40 mil por prisión preventiva), la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional exigen mayor presupuesto para más gasto (más policías, jueces y fiscales; más sueldos, uniformes, balas y vehículos, más cárceles, alimentos, luz, agua, equipos de cómputo, etc.), así se sigue usando los recursos que se recaudan mediante el pago de impuestos para que, como resultado, tengamos más injusticia, crimen e inseguridad y cero inversión en una verdadera política criminal, penal y penitenciaria que no solo se enfoque en la sanción penal de la prisión, sino principalmente en la implementación de políticas sociales de prevención del crimen, con uso de tecnología moderna que ataque fundamentalmente a las causas del problema.
Hoy, algunos operadores de la justicia argumentan que el problema es que tenemos un sistema penal muy garantista y que está muy alineado con los derechos humanos, pretendiendo de esta manera justificar la falta de resultados y celeridad procesal, con la implementación de medidas que solo generan injusticia e impunidad, como la prisión preventiva, la colaboración eficaz, la eliminación de beneficios penitenciarios, etc.
Por su parte, los legisladores presentan proyectos de ley para dar más facultades de uso de la fuerza a la policía y al serenazgo; algunos incluso proponen armar a la ciudadanía a través de las juntas vecinales.
De un lado se ataca al sistema garantista alineado con los derechos humanos y, de otro, a la falta de recursos y capacidades en las instituciones responsables del orden público, pero no se reconoce que las instituciones han colapsado y las políticas de gobierno han fracasado.
Sin embargo, mientras se reforma y moderniza el sistema y las instituciones del Estado responsables de formular y ejecutar políticas y planes para enfrentar el crimen e imponer la sanción penal, se requiere con urgencia legislar y regular sobre:
– Inversión en políticas sociales que prevengan el crimen y la inseguridad pública, enfocadas en la atención del niño y el adolescente.
– Implementación de nuevas formas de sanción alternativas a la pena privativa de la libertad, enfocadas en provocar menor gasto para el Estado y que la sanción penal afecte a quien cometió el delito, más no a la sociedad ni a la familia, que termine con el hacinamiento penitenciario, el abuso arbitrario de la prisión preventiva y la impunidad de la colaboración eficaz.
Referidas medidas legislativas y regulatorias deben estar orientadas a la reducción del gasto y la intervención del Estado; además, permitiendo que el penado pueda resarcir el daño causado y se resocialice mediante trabajo y tratamiento efectivo, con el uso de la tecnología moderna y las nuevas formas de sanción penal, que nos exige la «Sociedad Digital», como la codificación y sistematización de los datos, el monitoreo inteligente, las plataformas digitales, la vigilancia electrónica (G.P.S., chips, grilletes, geolocalización, etc.), logrando que el Estado deje de gastar los recursos recaudados por el pago de nuestros impuestos en la mantención (por 20 o 30 años) de cerca de 100 mil internos que viven en cárceles hacinadas y que solo sirven de incubadoras y especialización del crimen.
En la actualidad, nuestras instituciones y las políticas públicas que implementan no pueden enfrentar las diversas necesidades insatisfechas, han sido rebasadas por la falta de capacidades, recursos y uso de tecnología moderna, por lo que se requiere transformarlas y adaptarlas a las necesidades del tiempo para derrotar la ineficiencia del sistema ante el incremento del crimen.
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