Por: Rómulo Omar Gutiérrez Gómez

Lima, 07 de agosto de 2023 |

En el marco de la celebración del Día del Juez, el presidente del Poder Judicial peruano, Javier Arévalo Vela, ha planteado un cuestionamiento crítico sobre la aplicación de la prisión preventiva por parte de los jueces, debido al aumento de la población carcelaria que esta medida ha generado. Asimismo, ha expresado la necesidad de una reforma legislativa encaminada a reducir los plazos de duración de esta medida y ha sugerido la implementación de la caución, una alternativa que se utiliza en otros países y permite que los procesados permanezcan en libertad bajo condiciones establecidas mientras se resuelve su situación legal de manera definitiva.

En el contexto peruano, la prisión preventiva es una medida coercitiva que busca principalmente asegurar la presencia del imputado durante el proceso penal. Dado que esta medida restringe la libertad ambulatoria de los individuos, el Código Procesal Penal de 2004 establece criterios precisos para su aplicación excepcional por parte de los jueces.

No obstante, en los últimos años en Perú se ha observado un uso inapropiado y frecuente de la prisión preventiva, lo que ha llevado a una distorsión de los aspectos esenciales del sistema procesal penal acusatorio garantista. Este modelo reemplazó al antiguo sistema inquisitivo del Código de Procedimientos Penales de 1940 y, de hecho, el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal de 2004 establece la presunción de inocencia del imputado desde el inicio del proceso. Además, el artículo X del mismo Título Preliminar establece la primacía de estas normas sobre cualquier otra disposición del Código.

En este contexto, es fundamental analizar cómo los jueces penales peruanos han aplicado la prisión preventiva en los últimos años. En varios casos, se ha observado una aplicación inadecuada de los artículos II y X del Título Preliminar del Código Procesal Penal de 2004, resultando en la imposición desproporcionada de esta medida. En algunos casos concretos, la duración prolongada de la prisión preventiva parece equipararse a una pena privativa de libertad anticipada.

La regulación de la prisión preventiva en el actual Código Procesal Penal de 2004 no puede quedarse estática en el tiempo. Al igual que cualquier creación humana, puede ser perfeccionada considerando su aplicación en situaciones concretas. En esta línea, varios congresistas peruanos están promoviendo diversas propuestas legislativas para mejorar esta medida, entre ellas, destacan los proyectos de ley números 4344/2022-CR, 3725/2022-CR, 4417/2022-CR, 4636/2022-CR, 5282/2022-CR, 5138/2022-CR y 5317/2022-CR.

Esperamos que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República considere durante esta legislatura ordinaria todas las iniciativas legislativas destinadas a mejorar la aplicación de la prisión preventiva. Asimismo, es crucial evaluar los plazos máximos de duración de esta medida, tal como se establece en el artículo 272 del Código Procesal Penal de 2004, con el objetivo de reducirlos y priorizar así el derecho a la libertad de los imputados.