Lima 14 de agosto, 2023 |

La controversia rodea al presidente del Congreso, Alejandro Soto, luego de que se revelaran detalles sobre su presunta participación en una transacción de compra de terreno que lo habría beneficiado con más de US$260,000. La compra, realizada cuando Soto era asesor legal de Transportes Waynapicchu, ha generado acusaciones de estafa y conflicto de intereses.

El reporte detalla cómo Soto, en su rol de asesor legal de la empresa, habría impulsado la aprobación de la compra de un terreno valorizado en US$265,000. Sorprendentemente, el vendedor de dicho terreno era el mismo Alejandro Soto. Aunque su nombre no figuraba en los documentos oficiales de la transacción, las investigaciones revelaron una trama de manipulación para ocultar su implicación.

El proceso se habría iniciado en diciembre de 2012, cuando Transportes Waynapicchu, con Soto como asesor legal, firmó un contrato para la compra del terreno en la comunidad campesina de Ayamarca Pumamarca, Cusco. Aunque el terreno tenía un valor estimado de apenas US$5,000, la empresa desembolsó US$265,000 por su adquisición. La irregularidad pasó inadvertida durante años, hasta que una auditoría en 2017, tras un cambio en la gestión del directorio de la empresa, reveló las maniobras detrás de la compra fraudulenta.

La investigación muestra que Soto no figuraba oficialmente como vendedor del terreno. Sin embargo, intervino en el proceso de compra, poniendo en contacto a la empresa con el corredor encargado de la transacción. Además, se reveló que fue Soto quien ofertó el terreno desde su posición como asesor legal de Transportes Waynapicchu.

La complicidad de terceros también se pone en evidencia, ya que la empresa y otros involucrados no tenían conocimiento del verdadero propietario del terreno sobrevaluado. La acusación recae no solo sobre Soto, sino también sobre otros implicados en la transacción.

El presidente del Congreso ha sido objeto de críticas y cuestionamientos en relación a su papel en esta compra fraudulenta, así como en la posterior aprobación de la Ley 31751, que habría sido utilizada para evitar cargos de estafa en su contra, a pesar de que los cargos de estafa fueron archivados gracias a esta ley, las acusaciones y preguntas en torno a su conducta ética y legal persisten.