Siembran terror y miedo para sostener un sistema fracasado

Lima 3 de octubre , 2023 |

Por: Rómulo Omar Gutiérrez Gómez

Desde el inicio de este milenio, la sociedad peruana ha sido objeto de un ataque criminal constante desde dos frentes. Este ataque es tan mortal y similar al que experimentamos a finales del milenio pasado durante el enfrentamiento militar entre el ejército y Sendero Luminoso.

Hoy en día, por un lado, nos enfrentamos al crimen y la delincuencia, que siembran el terror. Por otro lado, nos enfrentamos a políticos populistas y medios de comunicación que lucran vendiendo miedo a la gente. Sus intereses están en el medio, con millones de peruanos que cada año sienten más inseguridad y viven con terror y miedo. Millones de personas claman por seguridad, casi derrotados y convencidos de que la única solución es «vender su alma al diablo».

Los gobernantes de turno, acompañados de reportajes de terror, cada cierto tiempo, cuando se envía el proyecto de ley de presupuesto al Congreso de la República, aparecen con la misma receta salvadora; que conlleva al mismo resultado: más injusticia, crimen e inseguridad, más presupuesto para más gasto en bienes servicios y salarios, más terror y miedo a la población para seguir lucrando.

La pérdida de confianza de la población en su sistema de gobierno, debido a la pobreza y la falta de inversión en educación y empleo, rompe el equilibrio y la paz social. El crimen y la delincuencia amenazan la seguridad ciudadana, y el pánico se extiende. Algunos buscan salvadores y soluciones extranjeras, y luego todos se rinden ante el populismo político de terror y la comunicación basada en el miedo.

La política y la economía se distancian de la sociedad. Los poderes políticos y económicos no están enfocados en resolver los problemas de la ciudadanía. Según diversos estudios, los sistemas democráticos están languideciendo y agonizando porque no resuelven los problemas de la gente, como la inseguridad y la pobreza.

En toda la región, Perú es el país donde más del 90% de la población está cansada de que, en nombre de la democracia, los poderosos (económicos y políticos) gobiernen solo para ellos, que mantengan el empleo, las pensiones, la educación, la salud y la justicia, sistemas fracasados y dañinos, que son muy costosos y no resuelven los problemas de la gente.

A pesar de que la educación de calidad es uno de los 17 objetivos del desarrollo sostenible del milenio, un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas (INEI) indica que el 22% de los jóvenes de entre 17 y 18 años no ha completado su educación secundaria. Además, más del 60% de los internos de las prisiones son jóvenes que no han terminado la educación secundaria, y 1,700,000 jóvenes en la actualidad ni estudian ni trabajan. El 98% de las escuelas requieren modernizar y mejorar su infraestructura y servicios, como internet, mobiliario, etc.

Por otro lado, el cambio climático y sus efectos están afectando al mundo con consecuencias fatales. Por ejemplo, en el reciente incendio de Grecia se estima que murieron más de 2,000 personas, y se ha perdido más del 10% del territorio peruano en incendios menores, como los ocurridos recientemente en Apurímac y Huaraz.

Después de los incendios, debido al calentamiento global, enfrentamos sequías y lluvias, acompañadas de plagas que afectan la producción agraria. Esto se reflejará el próximo año en una disminución de la producción de alimentos en el mundo, estimada en más del 20%. Esto afectará la inversión y conllevará en la pérdida de empleo, mayor pobreza y consecuentemente menos recursos para la alimentación, salud y educación de nuestros niños y jóvenes.

Por lo anteriormente mencionado, preocupa el informe del Contralor Nelson Shack sobre la baja ejecución presupuestaria de los 3,600 millones asignados al gobierno nacional y subnacionales para enfrentar los efectos del Niño climático. Más preocupante aún es que el gobierno ha enviado al Congreso de la República un presupuesto para el año 2024 que, en comparación con el año pasado, se ha incrementado en un 12%, pasando de 226,000 millones a 241,800 millones. En este presupuesto, el aumento para la educación es del 11%, para la salud es del 9%, pero para el orden público es del 18%. Esto significa que se considera más importante sostener una política fracasada que cada año genera un aumento en la criminalidad y la delincuencia, y, por lo tanto, en la inseguridad, que priorizar la salud y la educación de la población.

Según el Banco Central de Reserva (BCR), en junio de 2016, la deuda pública ascendía a 140 millones y en junio de 2023 ha superado los 213 millones. En 2014, el servicio de la deuda representaba el 5% del presupuesto total, pero hoy supera el 12%. El Ministro de Economía ha reconocido una baja recaudación de más del 15% y ha proyectado un crecimiento del 1% para este año. Lo que no ha mencionado es que se ha realizado la emisión de bonos más grande en la historia del Perú, que bordea los 20,000 millones de dólares (72,000 millones de soles). Es importante revisar no solo el proyecto de ley de presupuesto presentado por el ejecutivo (ver si está financiado), sino también el de endeudamiento y el Marco Macroeconómico Multianual. Cuidado que estamos entrando a un hoyo negro.

En línea con lo anterior, el mensaje presidencial del 28 de julio se centró en anunciar más construcción y equipamiento de cárceles y comisarías, más contratación de policías y trabajadores del INPE, y más armas. Todo esto, en lugar de abordar la modernización del sistema de seguridad. Mientras tanto, en el mundo se habla de dinero electrónico, criptomonedas, inteligencia artificial, bioética y sociedad digital.

En cuanto al crimen y la inseguridad, que son el problema principal que afecta al país, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el Poder Ejecutivo han emitido sentencias e instrumentos normativos, así como políticas y planes de gobierno. Incluso la Presidenta de la República en su mensaje del 28 de julio, el Presidente del Poder Judicial en declaraciones del 4 y 14 de agosto, y el Ministro de Justicia en una entrevista del 31 de julio de 2023, han mencionado la necesidad de realizar reformas legislativas e implementar políticas sociales preventivas para abordar el problema del aumento del crimen, la delincuencia y el hacinamiento penitenciario.

Sin embargo, de las declaraciones y las medidas propuestas para abordar el crimen, que cada día generan más inseguridad ciudadana y delincuencia, podemos observar que:

1. No existe una Política Criminal que incluya políticas sociales y planes nacionales de prevención del crimen. No se están invirtiendo recursos en los 1,700,000 jóvenes denominados «NINIS», que son una fuente principal para el aumento de la delincuencia y el crimen organizado.
2. No se ha propuesto una política criminal sancionadora moderna que incluya nuevas formas de sanción penal, la sanción económica y las alternativas a la prisión «no privativa de la libertad» que hagan uso de tecnología (vigilancia electrónica, pago de fianza, geolocalización, entre otros).
3. No se han presentado propuestas normativas para modernizar el obsoleto sistema jurídico penal y penitenciario. La incorporación de mandatos de prisión preventiva y colaboraciones eficaces parece estar convirtiendo el sistema en uno más injusto, perverso e impune.
4. No se han tomado medidas concretas para resolver el problema del hacinamiento penitenciario, excepto pedir más recursos para más de lo mismo (más cárceles, más policías, más armas, etc.).

Se requiere con urgencia la implementación de políticas sociales para la prevención del crimen, así como la realización de reformas legislativas y el cumplimiento de las leyes y sentencias, entre otras medidas:

• Medidas de prevención criminal dirigidas a los «NINIS» (un millón setecientos mil adolescentes y jóvenes que ni estudian ni trabajan).
  • Medidas para prevenir la delincuencia entre los menores en edad escolar.
  • Programas de protección para los niños y adolescentes cuyos padres son internos o reincidentes condenados.
  • Medidas para mejorar la seguridad ciudadana, más allá de la solicitud de aumentar el presupuesto para incrementar el número de policías y construir más cárceles, entre otras acciones.
  • Cumplimiento de lo dispuesto en el auto número 3 de seguimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, expediente número 05436-2014-PHC/TC.
  • Implementación de nuevas formas de sanción penal como alternativas a la prisión, como el uso de chips, GPS, geolocalización, entre otros.
  • Cumplimiento de los regímenes semiabierto y abierto establecidos en el artículo 99 y 100 del Decreto Legislativo 654, Código de Ejecución Penal.
  • Promulgación de modificaciones a la Ley de Colaboración Eficaz, para evitar que siga siendo un instrumento de impunidad (Autógrafa observada).
  • Modificación del Código Penal para dar cumplimiento a lo establecido en la Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente número 03248-2019-PHC/TC, respecto a sus fundamentos vinculantes del Acápite III.
  • Aprobación del Nuevo Código de Ejecución Penal (Ley número 31588, que crea la Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal).
  • Racionalización de las penas, inclusión de atenuantes penales y establecimiento de mecanismos de beneficios penitenciarios. Implementación del egreso penitenciario anticipado (1×1).
  • Cumplimiento de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, aprobada mediante la Resolución Ministerial número 180-2022-JUS, que aprueba el informe de evaluación de resultados (2021) de la Política Nacional Penitenciaria al 2030. Su Objetivo Prioritario 01 es «Reducir significativamente el hacinamiento en el sistema penitenciario». Sus lineamientos incluyen la racionalización del uso de la prisión preventiva mediante herramientas normativas, el establecimiento de medidas de racionalización de penas e inclusión de atenuantes penales, el fortalecimiento de mecanismos de acceso a beneficios penitenciarios y la promoción del uso de medidas alternativas a la privación de libertad, como grilletes electrónicos, entre otros.
  • Cumplimiento del Objetivo Prioritario 4, que se refiere a la modernización de los procesos penales y el sistema penitenciario, según lo establecido en la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia, aprobada mediante el Decreto Supremo número 012-2021-JUS.
  • Cumplimiento de la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia 2021-2025, que incluye medidas relacionadas con el sistema penitenciario. En este sentido, es importante tener en cuenta que el sistema penitenciario fue declarado en emergencia por el Poder Ejecutivo desde el año 2017, a través del Decreto Legislativo número 1325. Más recientemente, el Tribunal Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional debido al hacinamiento penitenciario (sentencia recaída en el expediente número 05436-2014-PHC/TC). En dicho fallo, se reconoce algo fundamental: que «la solución a los problemas de hacinamiento carcelario en el Perú exige el trabajo conjunto y coordinado del Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, entre otros, así como la participación de la sociedad en general».

Ello se debe a que diversos actores tienen incidencia en la problemática. Si bien el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se encarga de la gestión de los establecimientos penitenciarios, las causas del hacinamiento también pueden encontrarse en el alto uso de la prisión preventiva, el endurecimiento de las penas, la reducción del acceso a beneficios penitenciarios y la limitada aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, tal como lo señala la Política Nacional Penitenciaria al 2030 (p. 43). Además, es necesario un control efectivo de dicha medida por parte de jueces tanto de la jurisdicción ordinaria como de la constitucional. Para el año 2020, el porcentaje de personas recluidas en los establecimientos penitenciarios sin sentencia era del 36,85% (INPE, 2020, p. 23). Asimismo, diversos cambios normativos han reducido la posibilidad de acceder a determinados beneficios o de obtener una reducción de pena en el caso de algunos delitos (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 6). Por otro lado, el uso de penas limitativas o medidas alternativas sigue siendo una práctica poco extendida por parte del Poder Judicial, a pesar de que dicha institución ha impulsado su aplicación, como se evidencia en el Acuerdo Plenario número 02-2019/CJ-116.

No debemos permitir que sigan vendiendo terror y miedo para seguir lucrando de la gente. No debemos continuar sosteniendo ni financiando un sistema fracasado que carece de planes y programas para prevenir el crimen, ni tampoco instituciones obsoletas que se resisten al cambio.