Por: Rómulo Omar Gutiérrez Gómez

Lima 11 de octubre,2023 |

La delincuencia exige medidas urgentes por parte de los órganos públicos (poderes del Estado y organismos constitucionalmente autónomos), con el fin de prevenir un aumento en la inseguridad y la afectación de la economía del Perú. La situación actual refleja el fracaso de la política criminal y del sistema jurídico penal, y tiene un impacto negativo en la sociedad, el equilibrio y la paz social.

A pesar de los llamados y las preocupaciones de diversos sectores de la sociedad, la respuesta sigue siendo la misma que hace 30 años: normar e implementar políticas inmediatistas y represivas, basadas en la privación de la libertad y el aumento del gasto público. Estas políticas y sistemas son obsoletos, costosos y han causado el aumento del crimen, la inseguridad, el hacinamiento penitenciario y el impacto económico negativo en la sociedad y el Estado.

El populismo político y mediático continúa imponiendo el miedo y la amenaza de medidas extremas, como la «pesca de arrastre,» «ojo por ojo,» «represión y violencia», «plan Bukele o plan Boluarte», «pena de muerte», «cadena perpetua», «endurecimiento de condenas», «ley de uso de armas» y «militares controlando las calles.» Estas amenazas perpetúan el mismo sistema represivo, obsoleto y costoso, que a su vez aumenta la delincuencia, el hacinamiento en las cárceles y el gasto público, manteniendo a las personas atrapadas en procesos legales costosos e interminables.

Preocupa especialmente el informe del contralor Nelson Shack sobre la baja ejecución presupuestaria de los 3,600 millones de soles asignados a los gobiernos nacional y subnacionales para enfrentar los efectos del Niño Climático. Más preocupante aún es que el gobierno ha enviado al Congreso de la República un presupuesto para el año 2024 que, en comparación con el año pasado, se ha incrementado en un 12%. En el caso de orden público se ha incrementado en 18%, salud 9% y en educación 11%. Esto significa que se considera más importante mantener una política de seguridad ciudadana fracasada que priorizar la salud y la educación de la población.

No se están abordando las causas subyacentes del crimen, no se están implementando políticas preventivas para brindar oportunidades de estudio y empleo a los adolescentes y jóvenes, y no se está modernizando el injusto, arcaico y corrupto sistema de justicia, que incluye a los jueces y fiscales de todos los niveles.

Los titulares de los órganos públicos y los operadores de justicia en nuestro país son igualmente responsables de socavar el equilibrio y la paz social. Su comportamiento se asemeja al de los delincuentes, sicarios, terroristas y asesinos, ya que atentan contra la sociedad y el Estado, generando inseguridad y miedo, por lo que bien merecen la imposición de sanciones ejemplares.

Nuestra única esperanza radica en que los titulares de los órganos públicos, en un acto de humanidad, decidan trabajar en conjunto para cambiar el sistema jurídico penal y para implementar políticas públicas preventivas y sancionadoras alternativas a la prisión que permitan una mejor convivencia social.