Lima, 05 de enero 2022 |

En el año 2000 se hablaba de Bonanza Económica, Crecimiento del PBI, Equilibrio Fiscal, Baja Inflación, etc. Sin embargo, existían altos niveles de pobreza, desigualdad e informalidad. Además, había una alta tasa de desempleo y falta de salarios dignos. Llegado el gobierno de Alejandro Toledo, se acuñó la frase de “Chorreo” pero no goteo, refiriéndose a una estabilidad y crecimiento macroeconómico que no se reflejaba en las clases populares, llámense niveles medios y bajos recursos económicos de la población.

Hoy nos encontramos en un ciclo donde los indicadores macroeconómicos ya no son buenos y los micro no han alcanzado los niveles pre-pandemia.

El gobierno durante el año 2023 ha realizado las más grandes operaciones de Endeudamiento Público mediante la emisión y colocación de bonos; solo en septiembre se emitió un Decreto Supremo autorizando el endeudamiento por más de 20 mil millones de dólares. Así mismo, este año 23 se han otorgado créditos suplementarios por más de USD 12 mil millones, financiados con deuda (recordemos que el fondo de contingencia no contaba con recursos para estos créditos). Igualmente, este año se nos bajó la calificación crediticia, por ende, subieron las tasas de interés; el BCR subió la tasa de interés referencial para controlar la inflación, lo que ha encarecido el crédito, frenando la inversión y la demanda. El Banco Central de Reserva (BCR) no nos ha dicho nada respecto a las Reservas Internacionales Netas (RIN) y tampoco sobre los 20 mil millones de dólares de respaldo financiero que otorgó a los bancos para que reactiven al sector empresarial durante la pandemia.

Hemos entrado en recesión, los economistas ortodoxos se escandalizan por el déficit fiscal, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “maquilla el presupuesto” estiman que hay un quiebre de la regla fiscal que supera al 2.4 y estiman que llegará al 2.7; están preocupados por los indicadores macroeconómicos, pero no dicen nada respecto a que más de 300,000 jóvenes no podrán insertarse al mercado laboral el próximo año y menos de los 300,000 jóvenes que este año han emigrado del país, capital humano que no retornará, menos dicen nada del incremento de la pobreza, desigualdad e informalidad.

Podríamos incrementar los ingresos fiscales y la presión tributaria que es la más baja de la región, pero prefieren una economía donde el Estado financia inversiones cofinanciadas que benefician a sectores empresariales de la industria extractiva (recursos naturales); dejan de lado la diversificación productiva, les es más cómodo entregar concesiones en un modelo donde el Estado invierte y el Privado opera el negocio (aeropuertos, puertos, peajes, etc.).

Estamos terminando un año que no quiere despedirse sin asegurar que continuará la feria de bonos, endeudamientos, créditos suplementarios y reactivaciones.

Vemos la idea “creativa” que han creado para cubrir el desequilibrio financiero, dictan una medida que el mismo presidente del Consejo Fiscal lo ha llamado “contabilidad creativa e ilegal”. Claro está que este Decreto de Urgencia debió darse por Ley, “D.U. que autoriza que el Banco de la Nación adelante 1,000 millones de las utilidades del MEF. Claro está que el Endeudamiento y los Créditos Suplementarios afectan la predictibilidad del presupuesto público.

¿El Presupuesto Público 2024 viene desfinanciado? El Congreso, La Contraloría, El Consejo Fiscal y el BCR deben solicitar al MEF el informe de los recursos públicos con el cual se determinaron las fuentes de financiamiento del Presupuesto Público.

Mediante la Ley de Presupuesto Público Ley Nº 31953 han aprobado el presupuesto anual de gasto del ejercicio 2024 por un monto superior a 240.806 millones. Ley que contiene 108 disposiciones complementarias finales, las que en su mayoría no estaban contenidas en el Proyecto de Ley remitido por el Ejecutivo al Congreso de la República el 30 de agosto del presente año, sin embargo son disposiciones que ha elaborado el MEF y entregado a los congresistas para que lean y pidan su incorporación en el pleno del Congreso de la República. El Presupuesto Público contiene una estructura que sustenta a entidades anacrónicas y deficientes que sostienen al Estado centralista y que su actividad se contrapone a la modernización y desarrollo del Estado.

En el Presupuesto Público se observa que para el orden público se ha incrementado en 18%, mientras que en educación y salud solo en 11% y 9% respectivamente, vale decir que han priorizado inversión y gasto corriente en la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas (sueldos, obras, etc.) antes que la educación y la salud de la población. Además, contiene una serie de disposiciones de exoneraciones y asignaciones para gasto selectivo e inversiones que benefician a instituciones estatales obsoletas e improductivas que no prestan servicio al ciudadano.

Se persiste en un presupuesto de baja recaudación, donde el equilibrio financiero está sustentado en los recursos ordinarios (156,895 millones) y las operaciones de crédito hasta por el monto de 29,384 millones, donde se han incorporado disposiciones de “carácter especial” para el uso de recursos de operaciones de crédito (endeudamiento) mediante Decreto Supremo, así como el art. 6º sobre la transferencia de 1,000 millones de las utilidades por Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE). Además, el MEF queda autorizado para que mediante Decreto Supremo pueda realizar modificaciones presupuestarias respecto a recursos de operaciones de crédito, en el nivel funcional y programático.

Lo que podemos observar en la Ley Nº 31954 Ley del Equilibrio Financiero, es que no se va a respetar la regla fiscal. Además, se denota que no se quiere sincerar las cifras, no se quiere tocar la presión tributarias ni hablar de la baja recaudación que tiene el Estado. Claro está que al igual que este año, el 2024 se seguirá con la política de más bonos, más endeudamiento mediante operaciones de crédito y más farra con créditos suplementarios selectivos.

Respecto a la ley de endeudamiento Ley Nº 31955, que en buena parte más parece anexo de proyectos, programas y actividades de la Ley de Presupuesto Público, introduciendo disposiciones de inversiones que se financien con más deuda, en el art. 3º autoriza operaciones de endeudamiento externo hasta por un monto superior de 2,572 millones de dólares, el art. 5º autoriza al Gobierno Nacional a contratar y otorgar garantías para obligaciones derivadas de procesos de promoción de la inversión privada mediante asociaciones público privadas por un monto superior a 631 millones de dólares, concesiones como las llamadas cofinanciadas que resultan siendo dañinas para el Estado. Revisamos el art 7º donde se aprueba operaciones de administración de la deuda por más de 10,000 millones de dólares, el MEF debería informar cómo se ejecutó esta administración en el ejercicio 2023, año en el que se ha autorizado el mayor endeudamiento de la historia del Perú. Además de financiar proyectos con deuda, la Ley N 31955 incluye también los art 9º, 12º, 13º y 16º que son aplicables al ejercicio 2023, digamos operaciones casi de contrabando.

De otra parte, sobre el Decreto Legislativo Nº 1441 Sistema de Tesorería, el Decreto Legislativo Nº 1436 Marco de la Administración Financiera del Sector Público, el Decreto Legislativo Nº 1437 del Sistema Nacional de Endeudamiento Público, el Decreto de Urgencia Nº 044-2021 que establece medidas extraordinarias y urgentes en materia de Gestión Fiscal de los RR.HH del sector Público, el Congreso de la República, el Consejo Fiscal, el Banco Central de Reserva y la Contraloría General de la República debieron emitir informe sobre su viabilidad y vigencia.

Respecto a la Banca y los Seguros y Reaseguros, el Sistema de Pensiones y el de Salud, La Superintendencia de Banca y Seguros y el Banco Central de Reserva, “no se oye padre”; el oligopolio del Sistema de Fondos de Pensiones – “AFP”, Caja Militar, Policial, la estafa de los seguros de salud, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros “Bien Free”, solo se dedica a cerrar cajas y financieras.

Las leyes aprobadas por el Congreso de la República (Ley Nº 31953. 31954 y 31955) todo indica que los Congresistas de la República, no han leído o no saben ni entienden lo que han aprobado, lo otro es que estuvieron muy ajetreados en cabildear obras en los anexos de la Ley de Presupuesto Público y no observaron el jamón que se cortó en la Ley de Endeudamiento y Equilibrio Financiero, aquí no piden informe o presentan interpelaciones o censuras a ministros y titulares de los órganos constitucionales involucrados, porque de hacerlo Alex Contreras Miranda Ministro de Economía, Julio Velarde Flores presidente y los directores del BCR (elegidos por el Congreso y designados por Pedro Castillo), la superintendenta María Del Socorro Heysen Zegarra de la SBS, Carlos Augusto Oliva Neyra presidente del Consejo Fiscal y otros funcionarios del sector económico financiero ya deberían estar destituidos e investigados como organización criminal.

Estas instituciones financieras y económicas al igual que las del Sistema de Justicia le cuestan millones al Estado; es el caso que para el año 2024 el presupuesto del Poder Judicial se ha incrementado en más del 14%, en razón de este año; con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 3,646 millones y el de la Fiscalía de la Nación supera los 3,044 millones. El presupuesto general se ha incrementado en 12%, pero el del Sistema de Justicia más del 14%, lo que se desdice con los resultados desastrosos de gestión de estas entidades.

Las instituciones financieras, como en el sector justicia pronto estarán llamándose organizaciones criminales y unos a otros investigándose y estableciendo nexos con la politizada justicia, usando cada uno su grupo de relacionados en la Policía Nacional del Perú, Fiscalía de la Nación, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, etc., a fin de morir matando; como ha ocurrido en las últimas semanas con el Congreso de la República y la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo.