El Ministerio Público inició diligencias para esclarecer la incorporación de Sofía Aguayo Morales a la alta dirección de la Biblioteca Nacional y la contratación de su madre, Lourdes Morales, en el Ministerio de Cultura. Ambas son señaladas como exmilitantes del PPC y mantienen vínculos políticos con el actual titular del sector, Alberto Beingolea.
Agosto 27,2026 |
Las recientes incorporaciones de dos exintegrantes del Partido Popular Cristiano (PPC) al sector Cultura quedaron bajo la lupa del Ministerio Público. La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios realizó diligencias en el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional del Perú para obtener documentación sobre ambos casos.
La intervención fue realizada por el Primer Despacho y estuvo encabezada por la fiscal adjunta provincial Jhannice Bastidas Arroyo. El objetivo es determinar si las decisiones administrativas relacionadas con las contrataciones contienen elementos que puedan configurar algún ilícito penal.
Uno de los casos corresponde a Sofía Aguayo Morales, quien asumió como gerenta general de la Biblioteca Nacional el pasado 6 de agosto. Tres días antes de su nombramiento había registrado una visita personal al despacho del ministro de Cultura, Alberto Beingolea.
Aguayo recibiría una remuneración mensual de S/15,600 por el cargo. Los cuestionamientos difundidos previamente apuntan también a su trayectoria profesional, debido a que su experiencia estaría relacionada principalmente con actividades del sector inmobiliario y no con la gestión bibliotecaria.
A ello se añade que la funcionaria ya afrontaría otra investigación fiscal por presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y negociación incompatible, relacionada con su anterior paso por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).
Aguayo dejó formalmente la ATU apenas un día antes de que se hiciera oficial su llegada a la Biblioteca Nacional, circunstancia que también forma parte de los antecedentes que rodean su reciente designación.
El segundo caso involucra a su madre, Lourdes Beatriz Morales Morote, quien fue contratada para prestar servicios en el despacho ministerial de Cultura. El contrato ascendería a S/32,500 por 145 días, equivalente a unos S/6,500 mensuales.
Además, se ha reportado que Morales Morote no registra grados académicos ni títulos profesionales en la información disponible de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Las dos contrataciones adquirieron relevancia pública debido a que madre e hija son identificadas como exmilitantes del PPC y políticamente vinculadas a Alberto Beingolea, quien asumió el Ministerio de Cultura con el nuevo Gobierno.
Por ahora, la actuación del Ministerio Público se encuentra en una etapa de recopilación de información y no implica que se haya determinado responsabilidad penal. Los fiscales analizarán los documentos obtenidos en ambas instituciones para establecer si existieron irregularidades y si corresponde continuar con nuevas actuaciones dentro de la investigación.
