El ministro de Trabajo sostuvo que los pronunciamientos desfavorables de siete comisiones de la Cámara de Diputados no son vinculantes y que la decisión definitiva corresponderá al Pleno. También señaló que el Ejecutivo evaluará otras vías legales si algunas de las materias solicitadas no obtienen respaldo parlamentario.
Septiembre 16,2026 |
El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, cuestionó las posiciones adoptadas por diversas comisiones de la Cámara de Diputados frente al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y remarcó que la decisión definitiva todavía corresponde al Pleno.
En declaraciones a RPP, Sheput sostuvo que los pronunciamientos emitidos por las comisiones tienen carácter no vinculante y que el trámite continuará con la evaluación de la Comisión de Constitución, antes de que el pedido llegue al Pleno de la Cámara de Diputados.
Hasta el momento, siete comisiones han expresado una posición contraria al pedido del Gobierno en las materias que les fueron derivadas. Entre ellas se encuentran las comisiones de Producción, Ciencia, Infraestructura, Trabajo, Justicia, Defensa del Consumidor y Energía y Minas.
El ministro consideró que se ha generado una discusión anticipada alrededor de estas decisiones, debido a que todavía no existe un pronunciamiento definitivo sobre el conjunto de facultades solicitadas por el Ejecutivo.
Sheput también cuestionó que la Comisión de Constitución haya solicitado opiniones adicionales a otros grupos de trabajo parlamentario. A su juicio, este procedimiento ha ampliado innecesariamente el debate antes de que exista una decisión sobre el dictamen que será presentado al Pleno.
La Comisión de Constitución, presidida por la diputada Giannina Avendaño, tiene previsto definir el predictamen correspondiente el 28 de septiembre. El documento podrá recomendar la aprobación, modificación o rechazo de la solicitud presentada por el Ejecutivo.
El Gobierno solicitó inicialmente 120 días de facultades legislativas para intervenir en diferentes áreas, entre ellas seguridad ciudadana, desarrollo productivo, empleo, MYPE, simplificación administrativa, política tributaria y aduanera, modernización del Estado, vivienda y saneamiento.
La amplitud del pedido ha generado posiciones diferenciadas dentro del Congreso. Algunas bancadas han expresado disposición a respaldar determinadas materias, especialmente aquellas vinculadas con seguridad y prevención frente al fenómeno El Niño, pero han planteado reparos respecto de otras propuestas.
Sheput señaló que el Ejecutivo espera que el Congreso pueda evaluar cada materia de acuerdo con su contenido y necesidad. En caso de que algunas solicitudes sean rechazadas, indicó que el Gobierno analizará alternativas dentro del marco constitucional.
Entre esas posibilidades mencionó el uso de decretos de urgencia, aunque precisó que el Ejecutivo respetará las atribuciones que corresponden al Congreso bicameral.
El ministro también cuestionó específicamente la posición de Juntos por el Perú, agrupación que ha presentado reparos al pedido de facultades y que, según señaló, mantiene una postura particularmente crítica frente al Gobierno.
Durante la entrevista, Sheput vinculó esa posición con la participación de Roberto Sánchez, actual presidente de Juntos por el Perú y jefe del gabinete de asesores de la bancada del partido en el Senado. El ministro atribuyó a Sánchez una influencia sobre la posición de la agrupación, aunque se trató de una apreciación política expresada por el propio funcionario.
Más allá de las discrepancias entre el Ejecutivo y las bancadas, el resultado final dependerá del debate parlamentario. Los dictámenes de las comisiones no determinan por sí solos la aprobación o rechazo de las facultades.
El Gobierno deberá ahora continuar negociando con las diferentes fuerzas políticas para intentar conseguir respaldo a las materias que considera prioritarias. El Congreso, por su parte, tendrá que definir cuáles propuestas pueden ser delegadas y cuáles deberán seguir el procedimiento legislativo ordinario.
La discusión llegará al Pleno en un contexto de divergencias sobre el alcance del pedido, por lo que el resultado podría incluir modificaciones respecto de las 66 materias inicialmente planteadas por el Ejecutivo.
