Una iniciativa presentada por la diputada Catherin Palomino busca modificar la Ley de la Policía Nacional e incorporar la pérdida acreditada de idoneidad como motivo para el cese anticipado del comandante general. La propuesta aparece en medio de los cuestionamientos a Óscar Arriola por los resultados frente a la criminalidad.

Agosto 31,2026 |

La permanencia de Óscar Arriola al frente de la Policía Nacional del Perú (PNP) podría depender de una modificación legal que acaba de ingresar al Congreso. La diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, presentó una iniciativa destinada a ampliar las circunstancias bajo las cuales la Presidencia de la República puede disponer el relevo anticipado del comandante general.

Actualmente, la legislación garantiza al máximo jefe policial un periodo de dos años en el cargo y restringe su salida anticipada a situaciones expresamente establecidas. Esta regulación ha impedido que el actual Gobierno pueda realizar un cambio en la comandancia únicamente por razones relacionadas con los resultados de la gestión.

La propuesta modifica el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267 e incorpora una nueva causal: la “pérdida sobreviniente y objetivamente acreditada de la idoneidad necesaria para el ejercicio del cargo”.

Para evitar que esta figura permita una destitución discrecional, el proyecto establece condiciones que deberán estar respaldadas por información verificable. Entre ellas se considera una afectación grave de la eficacia operativa, de la capacidad de respuesta o de la conducción estratégica de la Policía.

También podría aplicarse cuando exista un incumplimiento grave y reiterado de las políticas y planes nacionales de seguridad ciudadana, situación que tendría que ser sustentada mediante un informe técnico del Ministerio del Interior.

Otros supuestos contemplados son una negligencia grave que perjudique sustancialmente la seguridad ciudadana, el orden interno o la capacidad operativa policial, así como actos u omisiones que ocasionen un daño significativo a la institucionalidad, disciplina, integridad o legitimidad de la PNP.

Además, una eventual decisión de cese tendría que estar debidamente fundamentada por escrito y ser comunicada personalmente al comandante general.

La iniciativa aparece mientras Arriola enfrenta críticas políticas por el avance de la delincuencia. Como sustento, el proyecto recoge cifras del Sinadef y señala que 2025 terminó con 2,218 homicidios, frente a 2,083 registrados durante 2024 y 1,511 en 2023.

El documento también sostiene que durante los primeros 26 días del Gobierno de Keiko Fujimori se contabilizaron 134 homicidios, con una importante concentración de casos en Lima y Callao.

El ministro del Interior, César Astudillo, ya había reconocido ante la Cámara de Diputados que el Ejecutivo no dispone actualmente de una herramienta legal para retirar a Arriola simplemente por decisión política. La Ley 31570 limita el cese anticipado a causales como fallecimiento, retiro voluntario, incapacidad física permanente, falta muy grave, sentencia firme por delito doloso o delito flagrante.

La norma fue aprobada en 2022, durante el Gobierno de Pedro Castillo, en un contexto marcado por los constantes cambios en la cúpula policial. Su propósito fue precisamente otorgar mayor estabilidad a la conducción de la institución estableciendo un periodo fijo para el comandante general.

Arriola fue designado en septiembre de 2025, por lo que, bajo las reglas actuales, permanecería en la comandancia hasta septiembre de 2027 si no se configura alguna de las causales previstas por ley.

El planteamiento de Juntos por el Perú no es el único intento por cambiar estas disposiciones. Existen iniciativas anteriores con objetivos similares y el propio ministro Astudillo anunció que el Ejecutivo preparaba una propuesta para modificar los actuales límites al relevo del máximo mando policial.

La iniciativa de Palomino deberá ahora recorrer el procedimiento correspondiente en la Cámara de Diputados. De conseguir respaldo en las comisiones y posteriormente en el Pleno, continuará su trámite en el Senado.

La discusión tendrá como punto central encontrar un equilibrio entre dos objetivos: preservar la estabilidad institucional de la Policía y permitir que el Ejecutivo pueda realizar cambios en su máxima conducción cuando existan deficiencias graves y objetivamente demostrables en el ejercicio del cargo.