La bancada presentó formalmente una moción para que el ministro del Interior, César Astudillo, responda ante la Cámara de Diputados por la estrategia aplicada frente a la inseguridad ciudadana. El documento también pone bajo cuestionamiento determinadas designaciones realizadas en su sector y exige explicaciones sobre los resultados obtenidos contra la extorsión, el sicariato y otras modalidades delictivas.

Septiembre 3,2026 |

La presión política sobre el ministro del Interior, César Astudillo, aumentó este jueves luego de que la bancada de Juntos por el Perú (JPP) formalizara una moción de interpelación para que explique ante la Cámara de Diputados las decisiones adoptadas por su gestión frente al deterioro de la seguridad ciudadana.

La iniciativa, impulsada por la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez, fue remitida a la Oficialía Mayor del Congreso y cuenta con el respaldo de integrantes de su grupo parlamentario.

El documento tiene 12 páginas y lleva, entre otras, las firmas de Márquez; del vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini; así como de los diputados Julián Pérez Mallqui, Oliver Peña y Catherin Palomino.

Uno de los principales ejes de la moción es la conducción de la política de seguridad ciudadana. La bancada considera que el titular del Interior debe explicar las medidas ejecutadas para enfrentar delitos que vienen golpeando a diferentes sectores de la población, particularmente la extorsión, el sicariato y el cobro de cupos.

El planteamiento parlamentario también hace referencia a la percepción de inseguridad existente tanto en Lima como en otras regiones y cuestiona los resultados obtenidos hasta el momento por las autoridades responsables de combatir la criminalidad.

La iniciativa adquiere mayor relevancia después de los recientes hechos violentos registrados en Trujillo, donde cuatro personas fueron asesinadas durante el secuestro del empresario Jenss Marty Lara Tantaquilla, quien posteriormente recuperó su libertad.

El manejo interno del Ministerio del Interior constituye otro de los puntos que JPP pretende someter a fiscalización. La moción cuestiona determinadas designaciones efectuadas dentro del sector durante la gestión de Astudillo.

Entre los casos mencionados aparece el nombramiento de Magali Meza, exfuncionaria de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), como directora general de Recursos Humanos del Ministerio del Interior.

La interpelación había sido anunciada por Márquez el pasado 21 de agosto, antes del inicio de la semana de representación. En aquella oportunidad, la legisladora adelantó que promovería la medida una vez retomadas las actividades parlamentarias y buscaría conseguir respaldo de otras fuerzas de oposición.

Desde entonces, el propio Astudillo se había mostrado dispuesto a acudir nuevamente al Parlamento. El ministro sostuvo que la interpelación forma parte de las facultades de control político de la Cámara de Diputados y consideró que una eventual comparecencia también le permitiría explicar el trabajo que viene desarrollando la Policía Nacional.

El titular del Interior ha defendido especialmente las operaciones de inteligencia policial y las acciones realizadas contra organizaciones vinculadas al sicariato, extorsión y secuestro.

La ofensiva parlamentaria de Juntos por el Perú no se limita a la situación del ministro. La agrupación también viene impulsando cambios en las normas que regulan la permanencia del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, cuyo mandato de dos años culminaría en septiembre de 2027.

La bancada ha presentado iniciativas para modificar el marco legal vigente y permitir que el jefe policial pueda ser removido anticipadamente bajo nuevas causales. Una de ellas, también presentada por Analí Márquez, plantea recuperar la pérdida de confianza como supuesto para disponer su salida mediante una resolución debidamente motivada.

En paralelo, la diputada Svieta Fernández, también de Juntos por el Perú, presentó otra moción para convocar a Astudillo a un pleno extraordinario y solicitarle información sobre las acciones ejecutadas frente a la inseguridad ciudadana.

Ese documento recoge cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) y señala que durante el primer semestre de 2026 se registraron 1,071 homicidios en el país, cifra que ascendió a 1,138 al incorporar los datos correspondientes a julio.

Con la presentación formal de la interpelación, la permanencia de Astudillo al frente del Ministerio del Interior entra ahora en una etapa de mayor fiscalización política. La Cámara de Diputados deberá determinar si admite la moción y, de prosperar, el ministro tendrá que acudir al Pleno para responder el pliego de preguntas planteado por los legisladores.

El debate se desarrollará mientras el Ejecutivo busca obtener facultades legislativas para impulsar nuevas medidas contra el crimen organizado, en un escenario en el que la seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los principales frentes de presión para el Gobierno de Keiko Fujimori.