El presidente del BCR sostuvo que fijar límites máximos no necesariamente reduce el costo de los préstamos para los clientes de mayor riesgo. A su juicio, las entidades financieras pueden optar simplemente por dejar de atenderlos, por lo que planteó que una mayor competencia, transparencia e información serían mecanismos más efectivos para abaratar el financiamiento.
Septiembre 3,2026 |
El debate sobre el costo de los créditos en el Perú volvió al centro de la discusión económica. El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, se mostró favorable a eliminar los topes establecidos para determinadas tasas de interés y advirtió que este mecanismo puede terminar excluyendo del sistema financiero a quienes representan un mayor riesgo crediticio.
Velarde expuso su posición durante su presentación ante la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado, instancia que actualmente evalúa su eventual ratificación para continuar al frente del Banco Central durante un nuevo periodo.
Para el titular del BCRP, imponer una tasa máxima no garantiza que una persona obtenga un préstamo a un costo menor. Explicó que, cuando una entidad considera que el límite establecido no compensa el riesgo de prestar dinero a determinado cliente, puede optar por no concederle el financiamiento.
De esta manera, señaló, el efecto de la regulación podría ser diferente al esperado: en lugar de conseguir un crédito más barato, determinados consumidores o pequeños empresarios podrían perder completamente el acceso al sistema financiero formal.
Velarde también puso en duda la percepción de que los créditos de consumo con tasas elevadas constituyan necesariamente uno de los negocios más rentables para las entidades financieras. Según explicó, se trata de un segmento relativamente pequeño dentro de las operaciones de buena parte de los bancos.
Incluso recordó que algunas entidades han reducido o abandonado determinados negocios vinculados al consumo al considerar que no ofrecían la rentabilidad esperada.
Frente a esta situación, el presidente del Banco Central consideró que existen otros caminos para reducir el costo del financiamiento. Entre ellos mencionó una mayor competencia entre las entidades, más transparencia y mejor información disponible para los usuarios.
El planteamiento adquiere relevancia debido a que desde 2021 el Perú aplica tasas máximas para determinados créditos de consumo, créditos de bajo monto y financiamiento destinado a pequeñas y microempresas. El BCRP es la institución encargada de calcular y publicar periódicamente esos límites de acuerdo con la legislación vigente.
La posición expresada por Velarde coincide con cuestionamientos que el Banco Central ha formulado anteriormente sobre este mecanismo. Uno de los principales riesgos identificados es que los clientes con perfiles financieros más vulnerables terminen recurriendo a prestamistas informales, donde pueden enfrentar condiciones mucho más perjudiciales y quedar fuera de las protecciones del sistema financiero regulado.
La discusión sobre los topes también aparece en momentos en que el Ejecutivo evalúa modificaciones relacionadas con el mercado crediticio dentro de las medidas económicas que pretende impulsar durante su gestión.
Durante su intervención ante los senadores, Velarde abordó además otros asuntos relacionados con la conducción económica del país, como el comportamiento del dólar, el manejo de las reservas internacionales y la autonomía institucional del BCRP.
Su participación forma parte del procedimiento para definir su continuidad al frente del ente emisor. El Ejecutivo oficializó en agosto su designación para un nuevo periodo de cinco años, pero esta decisión todavía necesita ser ratificada por el Senado.
La Comisión de Procedimientos Especiales deberá votar, como máximo el 9 de septiembre, el informe que recomendará aprobar o rechazar su continuidad. Posteriormente, el documento pasará a la Junta de Portavoces antes de llegar al Pleno del Senado para la decisión definitiva.
Mientras avanza ese proceso, las declaraciones de Velarde vuelven a colocar sobre la mesa una discusión de fondo: si limitar por ley el precio máximo del crédito protege realmente a los consumidores o si, por el contrario, reduce las posibilidades de financiamiento precisamente para quienes tienen mayores dificultades para acceder a él.





