Autoridades académicas y representantes del Ejecutivo proponen que universidades, Estado y sector privado trabajen de manera conjunta para reducir el impacto de los desastres. Entre las prioridades figuran obras permanentes de protección, mejor manejo del agua y el uso de evidencia científica para diseñar políticas públicas.
Septiembre 4,2026 |
La proximidad del fenómeno El Niño vuelve a colocar sobre la mesa una debilidad histórica del Perú: actuar cuando la emergencia ya ocurrió. Frente a ese escenario, especialistas y representantes del Gobierno plantearon modificar el modelo de gestión de desastres y concentrar mayores esfuerzos en la prevención, investigación científica e infraestructura permanente.
El rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Alberto Barrón López, sostuvo que el país necesita abandonar una dinámica basada principalmente en responder a las emergencias y comenzar a desarrollar soluciones capaces de reducir los daños antes de que ocurran.
El planteamiento fue realizado durante la inauguración del Foro Internacional 2026 de la Red RiesGIRD-ACC de Latinoamérica y el Caribe, espacio en el que se discutió la necesidad de aprovechar el conocimiento científico para enfrentar fenómenos naturales y los efectos del cambio climático.
Barrón consideró que las universidades deberían convertirse en socios estratégicos del Estado y de las empresas, de manera que las investigaciones académicas puedan responder directamente a problemas concretos del territorio.
La propuesta cobra especial importancia ante la evolución de El Niño, fenómeno que mantiene en alerta a diferentes regiones del país por el riesgo de lluvias intensas, desbordes, inundaciones y movimientos de masa.
Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, José Tangherlini Casal, planteó que la preparación no debería limitarse a intervenciones temporales.
Entre las alternativas mencionó la construcción y fortalecimiento de defensas ribereñas, además de infraestructura diseñada para almacenar, conducir y distribuir el exceso de agua generado durante periodos de precipitaciones intensas.
Este enfoque permitiría que parte del recurso hídrico que actualmente puede convertirse en una amenaza durante episodios extremos sea administrado mediante infraestructura preparada para aprovecharlo y reducir simultáneamente los riesgos para la población y las actividades productivas.
Tangherlini también consideró necesario simplificar procedimientos y reducir barreras burocráticas para que las soluciones desarrolladas desde las universidades puedan incorporarse con mayor rapidez a las acciones públicas.
El Ministerio del Ambiente coincidió en la importancia de acercar la ciencia a la toma de decisiones. El viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Fernando León Morales, señaló que la solicitud de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo representa una oportunidad para introducir evidencia científica en las medidas relacionadas con la gestión del riesgo de desastres.
La propuesta apunta a que investigadores y universidades no participen únicamente como observadores o asesores ocasionales, sino que sus estudios puedan convertirse en insumos técnicos para elaborar políticas públicas y normas de prevención.
Como ejemplo de este tipo de cooperación, Barrón destacó el trabajo desarrollado por la UNALM junto con ESAN y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y autoridades de Lurigancho-Chosica.
La iniciativa busca convertir la cuenca de esa zona en una especie de laboratorio territorial, donde especialistas académicos y autoridades locales puedan estudiar directamente los riesgos, diseñar intervenciones y evaluar soluciones aplicables posteriormente en otros lugares del país.
Lurigancho-Chosica constituye un espacio especialmente relevante para este tipo de experiencias debido a su exposición histórica a huaicos y otros eventos asociados a precipitaciones intensas.
La propuesta presentada en el foro busca, finalmente, modificar una lógica que durante años ha obligado al Estado a destinar importantes recursos a atender emergencias y reconstruir infraestructura dañada.
El desafío será conseguir que el conocimiento producido por las universidades, la capacidad de inversión del sector privado y las competencias del Estado funcionen de manera coordinada. Ante un nuevo episodio de El Niño, la discusión ya no se concentra únicamente en cómo responder al desastre, sino en cuánto puede hacerse antes para evitar que sus consecuencias vuelvan a repetirse.
