Las transferencias por canon minero superaron los S/9,500 millones hasta inicios de agosto de 2026, impulsadas por los altos precios de los metales. Sin embargo, entre las 24 municipalidades con mayores recursos del rubro que incluye canon y regalías, 15 todavía no habían ejecutado la mitad de su presupuesto para proyectos. San Marcos, en Áncash, concentra uno de los casos más llamativos.

Septiembre 7,2026 |

Los mayores ingresos generados por la actividad minera están llevando cantidades extraordinarias de recursos hacia gobiernos locales del Perú, pero disponer de más dinero no está significando necesariamente ejecutar más obras.

Hasta el 5 de agosto de 2026, las transferencias por canon minero alcanzaron los S/9,564.1 millones, según información del Ministerio de Energía y Minas. El monto ya supera ampliamente los S/6,992.6 millones registrados durante todo 2025.

El incremento está asociado, entre otros factores, al favorable comportamiento de los precios internacionales de los minerales. Este escenario ha fortalecido los ingresos que reciben determinadas regiones y municipios ubicados en zonas vinculadas con actividades extractivas.

El desafío aparece cuando esos recursos ingresan a las cuentas de los gobiernos subnacionales y deben convertirse en proyectos concretos.

Un análisis de las 24 municipalidades que cuentan individualmente con más de S/100 millones procedentes del denominado rubro 18 muestra importantes diferencias en su capacidad para utilizar los fondos disponibles.

Este rubro presupuestal comprende canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, por lo que no está compuesto exclusivamente por recursos provenientes del canon minero. Sin embargo, buena parte de las municipalidades con mayores montos se encuentra estrechamente relacionada con la actividad minera.

A menos de cuatro meses de finalizar 2026, solamente nueve de esas 24 municipalidades habían ejecutado el 50% o más de los recursos destinados a sus proyectos.

Entre las administraciones que superaban esa barrera aparecen Ilabaya y Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, en Tacna; Yarabamba, en Arequipa; Megantoni, Pichari y Espinar, en Cusco; Nuevo Chimbote, en Áncash; Marcona, en Ica; y San Antonio, en Moquegua.

El panorama es distinto para las otras 15 municipalidades, cuyo avance permanecía por debajo del 50%.

Dentro de este último grupo existen cinco casos que ni siquiera alcanzaban el 30% de ejecución: Cajamarca, en Cajamarca; San Marcos, en Áncash; Cerro Colorado, en Arequipa; Morococha, en Junín; y Coyllurqui, en Apurímac.

San Marcos: casi S/1,000 millones disponibles

Uno de los casos que mejor refleja la diferencia entre disponibilidad presupuestal y capacidad de gasto es San Marcos, en Áncash, distrito donde se encuentra la operación minera Antamina.

Al 4 de agosto, la municipalidad tenía más de S/986 millones disponibles para obras con cargo al rubro 18. Pese al volumen de recursos, su ejecución alcanzaba apenas el 28.7%.

Esto significa que quedaban aproximadamente S/703.5 millones por devengar si la comuna pretendía completar la ejecución de todos los recursos asignados antes de terminar el año.

El economista del Consejo Privado de Competitividad Álvaro Cubas advirtió que esta situación no es nueva en San Marcos. En años anteriores, el municipio también ha terminado registrando niveles de ejecución que rondan entre el 30% y 40%.

El problema adquiere mayor dimensión porque el distrito viene recibiendo cantidades extraordinarias. En 2025 contó con aproximadamente S/961.7 millones provenientes del mismo rubro, mientras que durante 2026 los recursos disponibles nuevamente se acercaron a los S/1,000 millones.

La dificultad no se limita a porcentajes generales. Existen proyectos específicos con presupuestos millonarios que hasta agosto no habían registrado ejecución.

Uno de ellos corresponde a la creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en Huaripampa Central, Huaripampa Alto y Huaripampa Bajo, para el cual se habían destinado S/28.1 millones provenientes del rubro 18.

El proyecto registraba 0% de ejecución y el Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF advertía sobre el riesgo de incumplimiento de metas debido a la ausencia de avances físicos durante tres o más meses consecutivos.

Una situación similar se observaba en el proyecto para mejorar los servicios funerarios y de sepultura del cementerio municipal, que tenía S/24.1 millones asignados y tampoco mostraba ejecución presupuestal.

Más dinero también exige mayor capacidad de gestión

La acumulación de recursos ha reabierto la discusión sobre la capacidad institucional de algunos gobiernos locales para administrar presupuestos que han crecido rápidamente por el incremento de las transferencias.

Cubas explicó que cuando los ingresos disponibles superan la capacidad técnica y administrativa de una municipalidad, parte del dinero termina sin utilizarse y pasa posteriormente a convertirse en saldo de balance para el siguiente ejercicio fiscal.

Entre las alternativas para enfrentar este problema se encuentra una mayor articulación entre municipalidades, gobiernos regionales y ministerios, de manera que puedan ejecutarse proyectos financiados con los recursos que los gobiernos locales no consiguen utilizar oportunamente.

Otra herramienta mencionada es el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), que permite desarrollar infraestructura pública mediante participación privada utilizando recursos futuros provenientes del canon y otras fuentes autorizadas.

El problema adquiere especial importancia por las brechas de infraestructura que todavía persisten en numerosas zonas productoras de minerales y por la conflictividad social existente en el país.

Hasta julio se habían registrado 191 conflictos sociales, de los cuales 150 permanecían activos y 41 eran considerados latentes. Los asuntos socioambientales concentraban 94 casos.

La situación deja una paradoja para varias zonas productoras: mientras los altos precios de los minerales incrementan considerablemente los recursos que llegan a sus gobiernos locales, la capacidad para convertir esos ingresos en carreteras, servicios básicos, educación, salud y otras obras públicas continúa avanzando a una velocidad mucho menor.