La bancada sostuvo una reunión de más de dos horas con el premier Luis Galarreta y varios ministros para revisar las 66 facultades solicitadas por el Ejecutivo. La diputada Roxana Rocha adelantó que existe disposición para apoyar medidas sobre seguridad ciudadana, fenómeno El Niño, agua y saneamiento, pero advirtió que otros asuntos requieren mayor análisis.
Septiembre 9,2026 |
El pedido del Ejecutivo para legislar durante 120 días enfrenta nuevas observaciones antes de iniciar una etapa decisiva en el Congreso. Renovación Popular expresó reparos sobre parte de las 66 facultades solicitadas por el Gobierno al considerar que algunas de las materias incluidas no tienen el nivel de urgencia necesario para ser delegadas.
La posición fue planteada después de una reunión de aproximadamente dos horas y media entre representantes de la bancada y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien estuvo acompañado por varios integrantes del gabinete.
Al término del encuentro, la diputada Roxana Rocha señaló que su agrupación reconoce la necesidad de avanzar en determinadas reformas estructurales, pero considera que no todas deberían tramitarse mediante facultades legislativas extraordinarias.
Pese a estas observaciones, Renovación Popular mostró disposición para respaldar al Ejecutivo en dos de los asuntos que considera prioritarios: la lucha contra la inseguridad ciudadana y las medidas preventivas frente al fenómeno El Niño.
La bancada también identificó otras áreas que considera relevantes, entre ellas el acceso al agua y saneamiento, la simplificación administrativa y el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas.
La reunión se desarrolló en la Sala Acuerdo Nacional de la Presidencia del Consejo de Ministros y formó parte de la ronda de conversaciones promovida por Galarreta con las diferentes fuerzas políticas de la Cámara de Diputados.
Además del premier, participaron los ministros Rafael Belaúnde, de Defensa; Mauricio Arana, de Vivienda; Marco Vinelli, de Desarrollo Agrario y Riego; y Ernesto Álvarez, de Justicia y Derechos Humanos.
Rocha calificó el encuentro como propositivo y explicó que la bancada continuará evaluando técnicamente cada una de las materias antes de establecer una posición definitiva.
El planteamiento coincide con lo expresado previamente por el diputado de Renovación Popular Alexander Segura, quien sostuvo que su agrupación no pretende convertirse en un obstáculo para las medidas urgentes que necesita el país, aunque remarcó que la importancia de una propuesta no necesariamente implica que deba ser aprobada mediante delegación de facultades.
El proyecto presentado por el Gobierno el pasado 28 de agosto reúne 66 solicitudes agrupadas en ocho grandes bloques. Además de seguridad ciudadana, comprende asuntos relacionados con las MYPE, empleo, simplificación administrativa y transformación digital, desarrollo productivo, política tributaria y aduanera, modernización del Estado, vivienda y saneamiento.
Entre las propuestas aparecen cambios de considerable alcance, como modificaciones a la legislación laboral, eliminación de los topes a determinadas tasas de interés, reformas tributarias, medidas relacionadas con el servicio civil y disposiciones para reestructurar Sedapal.
Precisamente, la amplitud del paquete ha provocado que distintas fuerzas parlamentarias planteen la necesidad de examinar individualmente las facultades, en lugar de aprobar las 66 solicitudes como un solo bloque.
La discusión avanzará este miércoles cuando Galarreta acuda, desde las 3:00 p. m., a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para sustentar formalmente la solicitud y explicar por qué el Ejecutivo considera necesaria cada una de las facultades.
La comisión, presidida por la diputada Giannina Avendaño Vilca, también solicitó opinión a 13 comisiones ordinarias debido a la diversidad de materias incluidas en el proyecto.
El debate parlamentario se perfila así hacia una eventual delegación selectiva. Aunque existe coincidencia entre varias bancadas sobre la necesidad de acelerar decisiones frente a la delincuencia y los riesgos asociados a El Niño, el Ejecutivo tendrá que justificar con mayor detalle por qué otros cambios económicos, laborales y administrativos necesitan ser aprobados mediante decretos legislativos.
Para el Gobierno, el reto será conseguir suficientes respaldos sin perder una parte sustancial de las 66 facultades solicitadas. Para Renovación Popular, en cambio, la decisión final dependerá de distinguir entre las reformas que considera necesarias y aquellas que, pese a su importancia, pueden seguir el procedimiento legislativo ordinario del Congreso.
