El Ejecutivo informó que ya coordina con las Fuerzas Armadas la identificación de hangares en desuso que podrían acondicionarse como espacios temporales de reclusión. La medida apunta a reducir el hacinamiento penitenciario y reservar los establecimientos de mayor seguridad para integrantes de organizaciones criminales.
Septiembre 10,2026 |
El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori evalúa utilizar instalaciones ubicadas en terrenos de las Fuerzas Armadas para trasladar temporalmente a internos considerados de baja peligrosidad, como parte de una estrategia destinada a descongestionar las cárceles del país y reforzar el control sobre los reclusos vinculados al crimen organizado.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, informó que el Ejecutivo ya viene coordinando la identificación de hangares militares en desuso que podrían ser acondicionados para albergar a este grupo de internos.
La propuesta no contempla enviar a esos espacios a delincuentes considerados altamente peligrosos. El planteamiento es precisamente el contrario: liberar capacidad dentro del sistema penitenciario trasladando a personas condenadas por delitos menores y a otros internos que no representen un elevado riesgo.
Galarreta explicó anteriormente que entre los potenciales beneficiarios de este esquema se encuentran sentenciados por delitos menores y personas recluidas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, siempre que cumplan con los criterios que establezcan las autoridades.
El objetivo es que los establecimientos penitenciarios con mayores condiciones de seguridad puedan concentrarse progresivamente en internos pertenecientes a bandas y organizaciones criminales, evitando que convivan bajo un mismo esquema penitenciario personas con perfiles de peligrosidad muy diferentes.
La utilización de infraestructura militar tendría carácter temporal y requeriría la coordinación mediante convenios con las Fuerzas Armadas. Los espacios seleccionados tendrían que ser acondicionados previamente para cumplir las condiciones necesarias de seguridad y reclusión.
La iniciativa forma parte de una estrategia penitenciaria más amplia que el Ejecutivo viene defendiendo ante el Congreso dentro de su pedido de facultades legislativas por 120 días.
Entre las medidas propuestas también figura la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios de alta seguridad, destinados específicamente a personas vinculadas con organizaciones criminales y delitos de elevada gravedad.
El Gobierno considera que la situación actual de las cárceles dificulta mantener una adecuada clasificación de los internos. El hacinamiento obliga a concentrar dentro de los mismos establecimientos a personas con distintos perfiles delictivos, lo que complica las labores de vigilancia y tratamiento penitenciario.
La administración Fujimori también pretende reforzar el control tecnológico dentro de las prisiones mediante arcos detectores y sistemas destinados a impedir el ingreso de teléfonos celulares y otros objetos prohibidos.
Otro de los objetivos es conseguir un bloqueo más efectivo de las comunicaciones ilegales desde los establecimientos penitenciarios, ante las investigaciones que muestran que integrantes de organizaciones criminales continúan coordinando extorsiones y otros delitos desde prisión.
En paralelo, el Ejecutivo plantea una participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa y el apoyo operativo de los penales, sin sustituir las funciones correspondientes a la Policía Nacional ni al Instituto Nacional Penitenciario.
La estrategia ya comenzó a materializarse en algunos establecimientos. Desde el 6 de septiembre, el Gobierno declaró por 60 días el estado de emergencia en los penales de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones, así como en sus perímetros exteriores.
La medida permite reforzar las acciones de seguridad con participación de la Policía Nacional y apoyo de las Fuerzas Armadas en estos centros considerados de alta peligrosidad.
La búsqueda de infraestructura adicional coincide también con la ejecución del Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028, aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para enfrentar la sobrepoblación existente en las cárceles.
Por ahora, el traslado de internos a hangares militares permanece como una propuesta en proceso de coordinación. Antes de aplicarla, el Ejecutivo deberá definir cuáles instalaciones serán utilizadas, qué condiciones deberán cumplir, quién estará encargado de la custodia y cuáles serán los criterios jurídicos y penitenciarios para seleccionar a los reclusos.
El planteamiento busca establecer una separación más marcada dentro del sistema: espacios temporales para internos de menor peligrosidad y penales reforzados para quienes representan un mayor riesgo, mientras el Estado avanza en la construcción y ampliación de infraestructura penitenciaria permanente.
